Política

De qué hablamos cuando hablamos de Reforma Judicial

El discurso de Alberto Fernández

El 29 de julio de 2020, Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de “Organización y competencia de la Justicia Federal.” Saludando al pueblo, hizo una introducción de carácter personal para remarcar su “respeto a la ley”, y su creencia en que “en una sociedad todo diferendo y controversia deben ser sometidos al análisis y a la decisión de la justicia”. Y además agregó el presidente: “Semejante poder debe estar en manos de personas dignas”.

El discurso tuvo una clara intención de cercanía. Alberto Fernández no dejó de remarcar que la legitimidad del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, era una respuesta a problemáticas planteadas por el pueblo. Y que además lo hacía por el respeto al derecho que le enseñó su padre por un lado y Esteban Righi por el otro, casi sin distinción en la admiración entre uno y otro. Sobre “El Bebe” además acotó: “Mi siempre recordado amigo y maestro, quien llevó adelante una destacada labor como jefe de todos los fiscales federales del país. Siempre al resguardo de valores esenciales del Estado de derecho”.

Toda interferencia interestatal, toda carga de un poder del Estado por sobre otro, toda reforma estructural, debe satisfacer ciertos requisitos de legitimidad. Ellos son, además de los procedimentales, los fundacionales. Por ello, la intencionalidad política del discurso, tuvo quizás que ver con conseguir un apoyo lo más “popular” posible, que se contraponga con la ilegitimidad de cualquier tipo de concentración de poderes.

El concepto de Estado de derecho, tal lo describen Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino en su “Diccionario de Política”, alude a los derechos fundamentales como tutela tradicional de las libertades civiles: libertad personal, política, económica. Los derechos fundamentales son una defensa contra la intervención del Estado. Los derechos sociales representan derechos de participación. La integración del Estado de derecho y Estado social no puede producirse en el nivel constitucional sino en el nivel legislativo y administrativo.

En este marco, el Presidente explicó que con el primer golpe militar a Yrigoyen comenzó la intromisión de la política (o del poder ejecutivo) en la justicia, siendo el fatídicoProceso de Reorganización Nacional” el principal asaltante al Estado de derecho. Al producirse la vuelta de la democracia, Alfonsín designó a los miembros de la Corte de 1983. Fueron 5: Enrique Petracchi, Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, José Severo Caballero y Genaro Carrió, luego reemplazado por Juan Antonio Bacqué. Allí Alberto Fernandez destacó que fue la justicia penal federal, es decir, la Cámara Criminal y Correccional Federal de la C.A.B.A., la que juzgó la violación a los Derechos Humanos, de la última Dictadura. El hecho histórico, político, cultural y económico quizás más trascendente de la historia de nuestro país, comenzó a ser tratado por la tan anhelada justicia.

En el año 1990, continuó Alberto, el Congreso instituyó los juicios orales en materia penal. También se aumentó a 9 miembros la Corte Suprema. Sus jueces fueron: Eduardo Moliné O’Connor, Julio Nazareno, Rodolfo Barra, Mariano Augusto Cavagna Martínez, Ricardo Levene, Julio Oyhanarte, Antonio Boggiano, Guillermo Alberto Fernando López, Gustavo Alberto Bossert y Adolfo Vázquez. En un curso plagado de renuncias, varios de ellos cesarían a causa del juicio político del año 2004.

Al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2003, se redujo de 9 a 5 la composición de la Corte Suprema. A la vez, por el Decreto Nº 222/03, se estableció un procedimiento público y con participación ciudadana, para designar a sus miembros, previo a la designación presidencial y al acuerdo del Senado en audiencia pública. Aquí, nuestra Corte la conformaron: Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Antonio Boggiano (destituido en 2005), Augusto Belluscio (renunció en 2005), Carlos Fayt y Enrique Petracchi. Como es sabido, sólo Luis Sáenz Peña, de la Rúa y Cristina Fernández no designaron juezas y jueces de Corte.

Durante el primer mandato de Cristina Fernández se produjo la sanción del nuevo Código Procesal Penal Federal, junto con una cartera de leyes que acompañaban al proceso de reforma institucional. En en sentido, Alberto retomó conceptos jurídicos e hizo alusión al debido proceso para referirse al gobierno de Mauricio Macri. El debido proceso se compone de una serie de requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales (también en sumario e investigación previa) a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlas. La doctrina penal explica cuáles son los presupuestos sin los cuales no hay un real debido proceso: separación de funciones entre quien juzga y quien acusa, imparcialidad de quien juzga y derecho de defensa. El debido proceso se vio vulnerado, entre otras cosas, por la “Doctrina Irurzun”.

El Proyecto

  1. El Proyecto crea la Justicia Federal Penal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional federal, y penal económico.

Cada uno de esos tribunales deberán actuar con 1 de las 2 secretarías con las que actualmente cuentan. La restante, se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para conformar el fuero.

Se destaca que esta nueva estructura no afectará al “principio del juez natural”, lo que significa que no se modificarán las juezas o los jueces de cada causa. A la vez, se crearán cámaras, tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los exámenes para la integración de todas estas instituciones serán orales y públicos.

  1. Propone el traspaso de facultades jurisdiccionales a la C.A.B.A para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.

Se completa de ese modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra vigente. Hasta la reforma del 94, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era denominada “Capital Federal”. Se trataba de un territorio que dependía de la Nación, por consiguiente, de fondos nacionales. Justicia nacional quiere decir poder judicial de la C.A.B.A. El poder judicial de la C.A.B.A. lleva adelante la investigación por delitos ordinarios, es decir, es “justicia local” desde el año 94.

Aquí comienza el problema del traspaso. Nunca se materializó el traspaso de la justicia a la Ciudad Autónoma, para que pase a ser justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y sigue llamándose Justicia Nacional. Lo que hay que tener en cuenta es que la diferencia que siempre existió en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es entre juzgados federales que tienen competencia federal, lo que es una competencia temática, y los juzgados de competencia ordinaria, que son los denominados nacionales. Todos los juzgados nacionales deben pasar a ser juzgados de la Ciudad. El artículo 33 del Código Procesal Penal Federal establece cuál es la competencia federal. Todo el resto es competencia del fuero ordinario, aún llamado nacional.

Estas son las consideraciones por las que la reforma no toca a la justicia de la Ciudad. La justicia de la Ciudad tiene que terminar de traspasarse, y se tiene que encargar la Legislatura de la Ciudad de su propia organización judicial, y no el gobierno federal, a quien le compete la organización de la justicia federal. Llevamos 26 años sin materializar ese traspaso.

  1. Fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país.

Se intenta poner en marcha una iniciativa con trámite parlamentario en el Congreso, impulsado por el gobierno de Macri en el marco del programa “Justicia 2020”.

  1. Establece reglas de actuación de juezas y jueces federales.

Ellas son: mantener trato equivalente entre las partes; evitar favoritismos, predisposición o prejuicios; garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario; ejercer sus funciones libres de interferencia; comunicación al Consejo de la Magistratura respecto de cualquier intento de influencia en las decisiones por parte del poder político o del poder económico; evitar que el clamor público incida en sus decisiones. A la vez: en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad, u otras motivaciones impropias. No deberán hacer valer intereses más que los intereses generales. No deberán ponerse en una posición especial para influenciar. El incumplimiento de las reglas de actuación constituirá una causa grave de mal desempeño, además de sanciones administrativas y penales.

  1. Crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Este consejo deberá elevar propuestas concretas sobre temas que conciernen a una mejor administración de justicia. ¿Como por ejemplo? La integración de la Corte Suprema.

Todo pareciera indicar que la intención será ampliar su número, pero dividiéndola en salas por especialidad. Esta cuestión sería la central para propender a la agilización de los procesos, evitando demoras que vulneren el principio de plazo razonable.

Las críticas al proyecto

La primera crítica al proyecto, ha sido la oportunidad: contexto de emergencia sanitaria y económica. Lo cierto es que una reforma institucional de estas características nunca tendrá un momento perfecto. Si bien existe parte de la sociedad que interpreta intencionalidades puramente estratégicas en este proyecto de reforma, es imposible negar que hace rato la sociedad intenta encontrar representatividad tanto en su sistema de justicia como en las y los miembros que lo componen. No se trata de cuestiones de excesivo tecnicismo, no son temáticas alejadas al día a día de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. El tema no es cuándo, sino cómo. Aquí, los poderes políticos deberán ser empáticos y cuidadosos. De eso se trata: de no alejarse de los problemas centrales de la gente.

La segunda crítica tiene que ver con la creación del Consejo Consultivo, relativa sobre todo a la participación en él del Dr. Beraldi. Sin embargo, se alude mencionar que el Consejo también estará compuesto por personas cercanas a referentes de la oposición, como Inés Weinberg de Roca.

Finalmente, las críticas a la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal radican en consagración del sistema acusatorio, lo que incluiría, en algunos casos, la aplicación del instituto de juicio por jurados. Es importante destacar que tanto el sistema acusatorio como el juicio por jurados son dos mandas constitucionales. Sí. Quiere decir que nuestra Constitución Nacional nos indica que nuestro sistema no debe ser mixto (como lo es actualmente), sino de carácter puramente acusatorio, y que el juicio por jurados debe ser la regla y no la excepción.

En el sistema acusatorio que propende el Código Procesal Penal, se le otorga la investigación inicial al Ministerio Público Fiscal, en reemplazo de la investigación que hoy en día realiza la autoridad judicial. Esto vulnera el principio acusatorio que exige nuestra constitución, porque es una misma figura, la judicial, la que investiga y luego juzga. La división de tareas del sistema acusatorio intenta llevar al mayor grado de imparcialidad a todo el sistema de justicia.

Por otra parte, es importante recordar que no hay un único modelo de juicio por jurados. Es un tema de interesante abordaje, siendo potestad de cada provincia su implementación. Y no es cierto que la sociedad argentina siempre busca venganza. Las madres, las abuelas, las hijas y los hijos, son el claro ejemplo de ello.

El Congreso

El rol del Congreso será central para definir el cómo de la reforma. Será el Congreso el que deberá darle el tinte de “pies sobre la tierra”, el que deberá garantizar que el poder político no se aleje de los problemas y de los intereses de nuestra sociedad en todo su conjunto.

El rol de la oposición deberá propender a delimitar los márgenes sobre los que podrá moverse este Proyecto. Todos los aspectos críticos de la reforma necesitarán acuerdos políticos para ser llevados a cabo. Por lo tanto, hemos de exigir a nuestros representantes todo cuanto esté a su alcance para cumplir con lo que la Constitución obliga. Debemos exigir un debate instruido, sólido y profesional. O por lo menos, un debate digno de ser televisado. Nuestros representantes en el Congreso han sido capaces de armar figuras de cartón para escapar de sus responsabilidades.

Julieta Pellegrino Ruiz
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Abogada, investigadora en Ciencia Penal.

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