Géneros

Promesas cumplidas y saldo pendiente. Panorama de la política de géneros de Alberto Fernández

En sus promesas de campaña Alberto Fernández incluyó dos grandes compromisos: la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el envío de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso de la Nación. A un año de su ejercicio como presidente, Fernández ya cumplió con su palabra.

El 6 de diciembre de 2019, presentó los nombres de quienes se harían cargo de las distintas carteras y, entre ellos, el de Elizabeth Gómez Alcorta emergió felizmente para el nuevo ministerio.

Este organismo surge en línea de continuidad con el viejo programa de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el trunco Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Ambos organismos constituían la autoridad de aplicación de la Ley 26.485/09 de erradicación de la violencia contra las mujeres, cuyos respectivos planes bianuales de acción (2014-2016 y 2017-2019) prescribían distintas políticas públicas para el abordaje integral contra la violencia machista y homo- lesbo- transfobia. Ahora bien, mientras que el primero de los planes ponía el eje en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la promoción y los derechos de mujeres, el segundo tenía un perfil bastante más tecnocrático, centrado en la formación del personal del Estado.

Si bien pueden señalarse varios puntos luminosos del plan de Fabiana Túñez, lo cierto es que los años de macrismo resultaron nefastos para cualquier política integral de derechos de mujeres y diversidades. Basta mencionar la desarticulación de programas de inserción laboral para mujeres, como el “Ellas Hacen”, un eje clave de las políticas antimachistas del gobierno inmediatamente anterior. Asimismo, la subejecución de los sucesivos presupuestos destinados a la “formulación e implementación de políticas públicas para la mujer” fue escandalosa; apenas llegó a invertirse un 50% de las cifras previstas, según informes oficiales del entonces Ministerio de Hacienda. 

En este sentido, la creación de la nueva cartera no solo viene a dar rango ministerial al objetivo de la erradicación de la violencia de género, sino que también emerge como respuesta al agravamiento, en los últimos seis años, de esa violencia, especialmente en los tipos física y económica. Estos datos se informan con claridad en el nuevo Plan Nacional de Acción (2020-2022), así como en los recientes estudios sobre cómo las crisis económica y pandémica afectan de modo diferencial a mujeres y diversidades (2020ª, 2020b, 2020c).

El nuevo Plan de Acción se centra en cuatro ejes: a) la prevención (en consonancia con la ESI y la Ley Micaela), b) la asistencia y abordaje integral de la violencia, c) la protección y el fortalecimiento del acceso a la justicia y d) la gestión de la información y el monitoreo. Se trata de un plan ambicioso pero que no se limita de ningún modo a la enunciación. En el correr de un año de estreno objetivamente funesto, el ministerio se comportó con destreza: en articulación con gobiernos municipales, provinciales, organizaciones sociales y sindicatos, reforzó las medidas de asistencia integral ante situaciones de violencia por motivos de género en contexto de aislamiento social (Línea 144, WhatsApp, campañas audiovisuales y gráfica); en articulación con universidades y gremios, se pusieron a disposición refugios y alojamientos para estas mismas personas; se lanzó un nuevo protocolo para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y diversidad. Asimismo, se creó un Comité de Seguimiento de la situación de las mujeres y personas LGBTI+ afectadas por la violencia de género y se coordinó, junto al Ministerio de Desarrollo Social, su incorporación al programa Potenciar Trabajo. Por último, el Ministerio de Gómez Alcorta se comportó con celeridad cada vez que las medidas de aislamiento ignoraban cuestiones atenientes al género y logró que se rectificaran.

La segunda promesa de campaña, ratificada por el actual presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, tenía que ver con enviar un proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria, legal, segura y gratuita del embarazo, antes de la semana catorce de gestación, así como otro proyecto, el llamado “Programa de los Mil Días”, para fortalecer la atención integral de la salud de personas gestantes durante el embarazo, así como la de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Ambos proyectos recibieron inmediatamente el visto bueno tanto por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito como de la militancia feminista de todo el arco político. Como es bien sabido, la ley recibió media sanción en la Cámara Baja y obtuvo un dictamen favorable en el Senado el último jueves. Espera ser tratada en el recinto el 29 de diciembre próximo. La actitud de Fernández en esta materia no parece tener mayor relevancia para sus propios cofrades más progresistas, que lo acusan permanentemente de tibieza. Las feministas, sin embargo, sabemos reconocer su tesón en este punto (quizás uno de los más controvertidos de este año, junto con el más olvidable Vicentingate).

Vale notar que Fernández lanzó una importantísima medida durante el 2020, que no estaba prevista en el paquete de promesas: el decreto 721/2020 sobre cupo laboral trans, que establece que los cargos del personal público deberán ser ocupados, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%), por personas travestis, transexuales y transgénero. Uno de los grandes desafíos del 2021, sin lugar a duda, es el de la implementación efectiva de esta norma.

Un hecho imprevisto, como prácticamente todo lo que deparó el 2020, es seguramente la dramática situación del trabajo no remunerado de las mujeres. (Me he ocupado de esta cuestión en mi artículo “Cuidados, derecho universal”, publicado el 2 de noviembre en este portal). Gómez Alcorta viene anunciando una política integral de cuidados para reducir las desigualdades de género. Hoy más que nunca, los cuidados se han vuelto esenciales en más de un sentido que es preciso atender. Otro de los desafíos es una implementación sistemática de la Ley de Educación Sexual Integral que logre vencer los obstáculos impuestos por la creencia religiosa en los cuadros intermedios de la enseñanza.

Referencias:

Dirección de Economía, Igualdad y Género (2020a). Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf

Economía feminista (2020b), Encuesta permanente de hogares. Disponible en: https://ecofeminita.github.io/EcoFemiData/informe_desigualdad_genero/trim_2020_01/informe.nb.html

MinCyt/CONICET y MMGyD (2020c). Diagnóstico de la situación
de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19. Disponible en:
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/resumen_ejecutivo_mujeres_y_covid_-_mincyt-conicet_-_mingen.pdf

Daniela Losiggio
Sobre la autora
Politóloga, investigadora de la CIC (CONICET-IIGG), Directora del PEG.

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