Política

Per saltum

Pasó el 2020. Prácticamente así, por salto. Es muy difícil hacer una síntesis de lo que significó institucionalmente un fenómeno como este, una pandemia sin precedentes que azotó al mundo y transformó la imprevisibilidad en agenda, poniendo a todos los sistemas existentes en el eje de análisis.

El Recurso extraordinario por salto de instancia, también conocido como “per saltum”, es el mecanismo a través del cual se solicita la competencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, prescindiendo excepcionalmente de la resolución del “tribunal superior de la causa”, es decir, el tribunal que hubiera resuelto en circunstancias ordinarias antes de la Corte.

Establece el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, que este recurso sólo procederá en causas de competencia federal, en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional (CPCCN, Art. 257 bis). Y aquí, vale la pena recordar que la Ley 26.790 (per saltum) entró en vigencia en el año 2012, en el marco de los conflictos cautelares que se suscitaron luego de la sanción de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual y los conflictos con Clarín.

El 2020 también tuvo su anécdota extraordinaria judicial. El traslado de los jueces Castelli, Bruglia y Bertuzzi pareció encarnar esa “notoria gravedad institucional”, que llevó a que la Corte Suprema asumiera el rol político de decidir sobre el asunto de los traslados.

El recurso había sido interpuesto a los fines de dejar sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación (resolución 183/2020) en la que se dispuso que el traslado del juez Bruglia (del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal), tanto como el traslado del juez Bertuzzi (desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal también a la Cámara de Apelaciones), y como el traslado del juez Castelli (desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de Capital Federal), no contaban con acuerdo del Senado para desempeñarse en esas funciones. Aquí entran en juego las famosas acordadas 4/2018 y 7/2018.

Puntualmente la acordada 7/2018 establecía que: “VII. […] la hipótesis del traslado […] de un magistrado nacional de la Capital Federal para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento respectivo […]. De ahí pues que en tales situaciones cabe concluir que no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del artículo 99 inc. 4°, de la Constitución Nacional. Idéntico criterio corresponde aplicar con relación al supuesto de traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo […]. Por último, con relación al supuesto de traslado de magistrados integrantes de órganos jurisdiccionales nacionales ordinarios de la Capital Federal a tribunales federales con asiento en esta ciudad […] deberá estarse a lo resuelto por este Tribunal en la acordada 4/2018”. 1

Además, establecía que los traslados que no hayan sido dispuestos bajo estas condiciones deberían cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos.

Finalmente, después de varios meses y muchos contrapuntos, la Corte Suprema dispuso en su voto mayoritario: A) Declarar la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura; B) Rechazar la acción de amparo presentada por los jueces Bruglia y Bertuzzi en cuanto al pretendido carácter “definitivo” de los cargos que ocupan en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (es decir, su carácter es transitorio).

Además, entendió: “7. Los magistrados recurrentes en esta causa, y todos aquellos que ocupan transitoriamente cargos de la judicatura por traslado, continuarán ejerciéndolos y gozando de la garantía de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el proceso constitucional de los arts. 114, incs. 1 y 2 y 99, inc. 4, en todas sus etapas. 8. Los jueces trasladados, incluidos los magistrados recurrentes en esta causa, no verán cercenada en ninguna forma su eventual participación en los concursos de los cargos que actualmente ocupan ni de otros que se convoquen […]”.2

En relación con las interpretaciones de las acordadas 4/2018 y 7/2018, la Corte resaltó que: “En efecto: se preguntó a este Tribunal si determinados traslados (como los de los recurrentes) requerían el cumplimiento del procedimiento constitucional estipulado para las designaciones definitivas (selección – nominación – acuerdo) y la respuesta fue NO. De ello se concluyó que esos traslados, puesto que no requerían el procedimiento constitucional eran (o equivalían) a designaciones definitivas. Es decir que se utilizó la primera respuesta (el NO) para cambiar la pregunta, que ahora –reformulada- ya no sería ¿los traslados requieren el cumplimiento del procedimiento constitucional? sino ¿hay diferencias entre los traslados y los nombramientos? Pero si se hubiera hecho esta pregunta (¿hay diferencias entre los traslados y los nombramientos?) desde el inicio, la respuesta hubiera sido SÍ, porque el traslado es transitorio y el nombramiento es definitivo […]”.3

Este derrotero duró un tiempo prudencial como para convertirse en agenda y retomar la discusión respecto de cómo juega la división de poderes en nuestra República. Podemos sin dudas hacer un análisis desde Montesquieu hasta nuestros días y será sumamente interesante la discusión, en una época en la que parece que ante la crisis más profunda que haya vivido el mundo, las instituciones y su funcionamiento entran en constante crisis. Sin embargo, no debe olvidarse que el contexto económico, social e institucional que nos ha deparado el 2020 nos ha demostrado que las personas tienen otras prioridades. Ante la manera de llevar adelante el conflicto judicial que ha empezado a tomar la primera plana de la agenda, la política vuelve a plantearse como un horizonte al que la sociedad mira a lo lejos, sin tocar. De ello sólo puede renacer el descreimiento y el escepticismo de épocas pasadas. No es casualidad que ni la vacunación pueda verse con tranquilidad y confianza. A la política no se llega por “per saltum”.

Cárceles

El 13 de abril de este año, la Cámara Federal de Casación Penal emitió también una acordada (estas fueron protagonistas este año, sin dudas), en respuesta a la solicitud de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la que se requería a la Cámara la adopción de medidas tendientes a proteger los derechos de las personas privadas de libertad ante la pandemia.

El 31 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa que se tituló: “La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19”. El nombre del comunicado ya dice bastante, pero no está demás resaltar algunos de sus párrafos principales:

Conforme con lo establecido en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Los Estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben respetar la vida e integridad personal de ellas, así como asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Así, los Estados están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.

[…] Adicionalmente, la CIDH toma nota de que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de la Argentina viene monitoreando la situación de las personas privadas de libertad en el país y saluda las recomendaciones de dicho organismo publicadas el último 20 de marzo. La Comisión, también, toma nota del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires que solicitó medidas como el arresto domiciliario para grupos vulnerables y el uso de conmutación de penas por el Poder Ejecutivo, entre otras.

A su vez, la Comisión valora las iniciativas de Colombia para contener el avance de la pandemia en los establecimientos penales, en particular las políticas adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mediante directrices y protocolos de atención para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad. […]”4

La Comisión Interamericana puede, como ya ha sucedido, someter un caso de vulneración de derechos de las personas privadas de libertad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos casos pueden culminar en condenas a los Estados, como le sucedió al Estado argentino en el caso “Bulacio”, un chico de 17 años asesinado por la Policía Federal, luego de un recital de Los Redondos.

La última condena al Estado argentino fue el caso “López”, sentencia del 25 de noviembre de 2019, en la que se reprochó a nuestro Estado la manera en la que lleva adelante los traslados de las personas privadas de libertad.

En consecuencia, era lógico, esperable y correcto que nuestro país tome cartas en el asunto. Al haber ratificado instrumentos internacionales de Derechos Humanos, tenemos responsabilidades que no pueden ser ignoradas.

Más allá de las posturas del Ejecutivo, es el Poder Judicial el que puede definir las excarcelaciones, prisiones domiciliarias, y demás mecanismos alternativos de cumplimiento de condenas. Lo que hizo la Cámara entonces, fue establecer pautas interpretativas, sin tratarse de un mandato irrestricto de liberación de personas privadas de libertad, en cumplimiento de los deberes de Estado, para adoptar medidas alternativas a la prisión y disminuir la sobrepoblación carcelaria. Ello, para evitar colapsos en el sistema sanitario y vulneración de los derechos humanos que tenemos todas las personas, por nuestra condición de tales.

Recordemos que en el año 2019 se declaró la emergencia en materia penitenciaria. Básicamente, el Estado argentino dijo que ante el éxito de su política criminal (ley de flagrancia y reforma de la ley 24.660 en la que se limitó el acceso a derechos tales como la libertad condicional) las cárceles estaban superpobladas y, por lo tanto, estábamos “exitosamente” en emergencia. La sobrepoblación carcelaria superó el 12%, todo ello admitido por el propio Estado. 5

Como no podía ser de otra manera, la situación penitenciaria traída desde 2019 sólo empeoró y dificultó, como “pesada herencia”, la gestión ejecutiva en el marco de la pandemia. Era necesario tomar, desde el Ejecutivo, una postura determinada ante tanto revuelo. Tanto desde lo discursivo como desde la propia gestión, Alberto Fernández respaldó las recomendaciones de la CIDH. La política estuvo cerca de una parte de la sociedad que a veces se olvida, pero está.

Justicia y Estado… ¿asunto separado?

Discusiones que se retoman, peleas que se continúan, batallas que no se abandonan. El terror al “lawfare” y la cuestión regional de los últimos años ha hecho que se implemente la política como una herramienta de embate contra la propia organización del Estado (a veces mal aplicada, sin dudas).

“El enemigo en el derecho penal”6 es un ensayo que explica con claridad el fenómeno producido por la utilización política de la justicia, a partir de la adopción de ciertas políticas criminales o políticas penales en las que se expande el poder punitivo, se adopta un “enemigo”, en un contexto político determinado.

A estos enemigos se los discrimina y persigue, aplicándose a ellos un tratamiento diferenciado como “seres humanos privados del carácter de personas (enemigos de la sociedad)”7.

La tesis defendida es que, “el enemigo de la sociedad o extraño, es decir, el ser humano considerado como ente peligroso o dañino y no como persona con autonomía ética, desde la teoría política, sólo es compatible con un modelo de estado absoluto total y, por ende, que las concesiones del penalismo han sido, en definitiva, rémoras absolutistas que la doctrina penal ha puesto como piedras en el sendero de la realización de los estados constitucionales de derecho”8.

La crisis institucional regional, producida por una multiplicidad de factores que van desde lo jurídico hasta lo económico, rozando de cerca la cuestión de la geopolítica y la hegemonía mundial, ha favorecido a la creación de “enemigos de la sociedad”. Las campañas electorales han adoptado el recurso del enemigo utilizando todo tipo de herramientas, que van desde lo institucional hasta lo fraudulento.

En este contexto, la política penal ha ido a la cabeza de la pelea. Se ha utilizado el mecanismo del encarcelamiento masivo, a partir de reformas penales que apuntaban al castigo de las personas más vulnerables. A la vez, se ha obviado el respeto de las garantías de personas por encontrarse del lado opuesto del sendero político partidario. “Todo preso es político”, pero a veces lo es más que otras.

Lo único que se consiguió con este mecanismo fueron derrotas. La problemática del enemigo cruza y cuestiona todos los frentes de lucha, incluida también la feminista. La adopción de un enemigo, a partir del debilitamiento del derecho penal de garantías, es sin dudas una regresión que ha empezado y que es hora de detener y de reencauzar.

“La historia enseña que los conflictos que no terminaron en genocidio se solucionaron por la negociación, que pertenece al campo de la política. Pero la globalización, al debilitar el poder de decisión de los estados nacionales, empobreció la política hasta reducirla a su mínima expresión”9.

Volver a ampliar el campo de la política y de la negociación es una tarea difícil pero elemental. La política debe volver a colocarse al alcance de las necesidades de su pueblo y el estado de derecho debe ser la herramienta principal para alcanzar su legitimidad.

 

1 https://www.cij.gov.ar/nota-29819-Acordada-7-2018-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html

2http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=761652&cache=1609022700090

3http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=761652&cache=1609022700090

4 https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp

5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/204115/20190326

6 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, “El enemigo en el derecho penal”, Ediar, 2006.

7 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, “El enemigo en el derecho penal”, Ediar, 2006, pág 5.

8 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, “El enemigo en el derecho penal”, Ediar, 2006, pág 6.

9 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, “El enemigo en el derecho penal”, Ediar, 2006, pág 10.

Julieta Pellegrino Ruiz
Author Details
Abogada, investigadora en Ciencia Penal.

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