Política

Interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y después

¿Qué pasó después de que se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país? ¿Cómo viene (a la fecha) la aplicación de la ley en base a los ya harto conocidos “vericuetos” judiciales y políticos? Veamos.

Salta

Un grupo de personas activistas contra la interrupción voluntaria del embarazo interpuso una “acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” contra el Ministerio de Salud de la Nación para que se declare inconstitucional el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Las argumentaciones jurídicas para solicitar esta acción versaron sobre cuestiones tales como: que el protocolo es inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niñas y niños por nacer; que se desvirtúa el concepto de salud; que posibilita a que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal; que no contempla la posibilidad de realizar un procedimiento menos dañino; que altera el régimen de minoridad y discapacidad; que produce una injusta desprotección de la mujer violada al facilitar que el violador fuerce a la víctima a solicitar el aborto gratuito sin denunciar la violación conduciendo así a nuevas violaciones; entre otras.

Se ha repetido con frecuencia que “el derecho a la vida comienza desde el momento de la concepción”. Si bien esto se describe en el Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de la específica materia de derechos la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa en su artículo 4.1: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. (El resaltado me pertenece).

La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo plantea la cuestión respecto de si con ella se viola el derecho a la vida reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como explica el doctor Hernán Gullco tanto la Corte Suprema Nacional en el fallo “F.A.L”, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo”, interpretaron el artículo 4.1 a la luz de la expresión “en general”.

De esta interpretación se desprende que la Convención Americana no pretendió establecer una protección absoluta del derecho a la vida de la persona por nacer. La expresión “en general” determina la potestad de los Estados a través de sus poderes legislativos de castigar o de no castigar la interrupción voluntaria del embarazo. Antes bien, como explica Gullco, esta expresión significa que no existe una obligación absoluta de castigar esta conducta, es decir, no existe obligación absoluta de proteger la vida mediante la utilización del derecho penal.

El Juzgado Federal de Salta 1 al resolver sobre la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad entendió a esta acción como improcedente, describiendo lo entendido por la Corte Suprema en el fallo “Thomas”. Esto es, la improcedencia de dictar una sentencia a solicitud de una parte minoritaria de la sociedad que suspenda o derogue una norma legal con efectos “erga omnes” (respecto de todas y todos, con efectos para todas y todos).

Expresa el fallo que: “[…] se arribaría, como se dijo, al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla. En ese sentido, el tribunal ha destacado con señera precisión que la misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes […]”.

El interesante caso planteado en la jurisdicción de Salta luego de la sanción de la Ley N° 27.610 deja expuestas las cuestiones más intrínsecas de nuestro sistema político, en tanto el rol que decidió adoptar la justicia federal en el fallo fue respetuoso del principio de división de poderes y entendió a la voluntad popular emanada del Congreso Nacional como una voluntad inquebrantable y, sobre todo, legítima.

Sin embargo, es también interesante el debate respecto de cuáles son los ámbitos de aplicación de las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. En algunas oportunidades se dedican pocas líneas para definir en un único y pequeño artículo cuál será el ámbito de aplicación de una ley. Esta cuestión no es menor y muchas veces las legisladoras y legisladores debieran atender con particular atención a este detalle.

Chaco

En línea con lo dicho precedentemente el pasado 28 de enero se hizo lugar a una medida cautelar de no innovar solicitada por representantes de la agrupación “FASTA” (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) por lo que se vio suspendida la aplicación de la Ley N° 26.710 en el territorio de la provincia de Chaco hasta tanto se resuelva la acción principal.

La línea argumental de las personas que solicitaron la medida se apoya casi preponderantemente en cuestiones de competencia. Desde la agrupación destacan que “desde la perspectiva de las competencias se encuentran facultades delegadas, no delegadas y concurrentes entre la Nación y las provincias y que, en particular la zona de competencias `concurrentes’, en donde regulan un mismo tema la Nación y las provincias, ha de ser aplicable la `ley más favorable’, siguiendo el criterio en darle mayor valor a los derechos de la persona humana”.

La jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar solicitada invocando, entre otras cuestiones, que: “Si bien pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma”.

La titular del Juzgado fue denunciada por prevaricato. Es clara la carencia de fundamentación de la decisión judicial con la sola lectura de la breve sentencia.

Es interesante reflexionar respecto de que quizás no alcance con la sola determinación de que una ley emanada del Congreso Nacional es “de orden público”. Esto por un simple motivo: en nuestro país tenemos un sistema federal. Todo lo que las provincias no hayan decidido delegar, es potestad local.

El análisis debiera ser tal vez el inverso al que se suele ejecutar: habrá que evaluar primero si lo que se está legislando tiene o no que ver con una potestad delegada, no delegada o concurrente, para luego describir clara y dedicadamente cuál es el ámbito de aplicación de una normativa.

Córdoba

Recordemos que en el año 2002 tuvo lugar el fallo de la Corte Suprema “Portal de Belén”. Se trataba de una acción de amparo interpuesta por una asociación civil sin fines de lucro (Portal de Belén) a los fines de que se declare la prohibición de fabricación, distribución y comercialización del fármaco “Inmediat”, denominado anti concepción de emergencia, porque producía “efectos abortivos”.

Varios considerandos del fallo desarrollan la explicación del más alto tribunal de nuestro país respecto de cuándo comienza la vida humana. Vamos con un resumen: “Que sobre el particular se ha afirmado que el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir con la fecundación”. En este orden de ideas, en el fallo la Corte estableció: “el último de los efectos señalados ante el carácter plausible de la opinión científica según la cual la vida comienza con la fecundación constituye una amenaza efectiva e inminente al bien jurídico primordial de la vida que no es susceptible de reparación ulterior”.

Imaginan ustedes cuál habrá sido la suerte de “Inmediat”. Pues bien: la misma asociación civil, Portal de Belén, promovió esta semana una nueva acción de amparo, contra el estado nacional, con el objeto de que se declaren nulos e inaplicables en todo el territorio varios artículos de Ley N° 27.610.

Denuncian en su acción que: “establecen como ‘derecho’ de la persona gestante, la posibilidad de eliminar la vida de sus hijos concebidos, acción de destruir una vida, que ahora pasa a llamarse eufemísticamente ‘interrupción voluntaria del embarazo’”.

Entre Ríos

Desde la presidencia de la Junta Promotora del partido NOS fue presentada una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley de IVE.

En la acción, las y los reclamantes sostienen una “abierta contradicción con el plexo constitucional”. Como ya hemos visto, esta discusión está prácticamente saldada: no existe contradicción constitucional en no perseguir penalmente a quienes elijan interrumpir su embarazo voluntariamente, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 27.610.

Es quizás el argumento más fácil de rebatir y el que probablemente no tenga éxito a la hora de generar dilaciones en la aplicación de la normativa. Quizás, el más interesante siga siendo el argumento en relación a la competencia federal vs. la competencia local. De todos modos, las herramientas jurídicas siempre pueden sorprendernos. La lucha, por supuesto, continúa.

Julieta Pellegrino Ruiz
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Abogada, investigadora en Ciencia Penal.

Comments (1)

  1. Avatar
    Cristina Lospennato

    Excelente Juli. El tema es que se olvidan del deseo de tener un hijo. Cuando no hay deseo es un problema
    Y los problemas se resuelven de alguna u otra manera. Quienes se oponen al aborto no piensan en esto. De alli los pibes abandonados al nacer que ningún cura, pastor, monja, pastora tutores o encargades adopta para su crianza. Abrazo

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