Economía

Quiénes se quedan con el precio

En muchas ocasiones los conservadores ortodoxos y monetaristas salen al ruedo quejándose de la inflación. Además de recordar que las causas son múltiples y dinámicas, también debe analizarse qué hay dentro de la misma, vale decir, quiénes se quedan con la mayor parte de los precios pagados. Otra cuestión que siempre conviene tener presente es aclarar que por sí misma la inflación no es la causa de todos los males, ya que de ser así la Convertibilidad 1991-2001, que no tuvo inflación, hubiese sido un período saludable y, por el contrario, fue uno de los períodos más dañinos para la economía y la sociedad argentina que vio incrementados el desempleo, la pobreza y el endeudamiento externo de una manera salvaje y tenebrosa.

Tal vez sea oportuno aclarar que entre la opción de tener inflación del 5% con un desempleo del 10% e incrementos de salarios y jubilaciones de tan solo el 2% y la opción de tener inflación del 15%, desempleo del 5% e incrementos de salarios y jubilaciones del 20%, todos acordaríamos que la mejor, o la menos indeseable, es la segunda ya que sostiene un mayor nivel de empleo y un aumento del poder adquisitivo de las mayorías. Al mismo tiempo, otra cosa que no debe olvidarse es que se demostró que en el 2019 sin emisión monetaria se percibió una inflación más alta que en el 2020 que tuvo una emisión elevadísima. Sin olvidar estos puntos, el propósito de este escrito es indagar sobre quiénes forman los precios para quedarse con una mayor tajada.

El problema que expone el accionar de las corporaciones intermediarias que les pagan poco a los productores e inflan los precios que pagamos todos quedándose de ese modo con una tajada mayor, es el foco que habrá que iluminar para evitar que continúen saqueando al conjunto de la sociedad desde la oscuridad y con el velo protector de los medios de comunicación que ellos mismos manejan. En nuestro país el incremento en el precio de los alimentos es superior a la inflación del nivel general de precios, lo que es duramente padecido especialmente por los sectores medios y de bajos recursos.

Los datos nos permiten comprender aún mejor esta problemática causada por el abuso de poder de estas corporaciones. El precio de la carne oscila los 700 pesos, pero el productor recibe 150; la polenta vale 160 y el productor recibe 17; la leche vale 50 de los cuales el productor percibe 15; y así con todos los alimentos. Entonces esas corporaciones están agravando el problema de la concentración de ingresos, lo que significa que del valor de la riqueza producida en el país ellos se quedan con un porcentaje cada vez mayor, quedando menos para toda la sociedad.

Simultáneamente algunas de estas corporaciones también ejercen otros mecanismos de saqueo mintiendo en sus declaraciones, triangulando con sucursales propias en el exterior y operando con guaridas fiscales; mecanismos a través de los cuales evaden impuestos. Queda a la vista que el problema es aún más grave porque priva al Estado argentino de recaudar un enorme flujo de dinero que podría ser utilizado para financiar el gasto en salud, educación, ciencia y tecnología, conectividad, infraestructura, desarrollo y demás. En suma, el problema de la concentración del ingreso se agrava, destacando que de esta forma se desfinancia la inversión social impostergable y además dañando y desestabilizando la situación financiera del país ya que esos capitales acumulados y no declarados son usualmente “fugados” al exterior.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, describe puntillosamente los mecanismos tanto de concentración como de extranjerización de nuestra economía, llevados a cabo especialmente durante la Dictadura (1976-1983), el Menemismo/la Alianza (1989-2001) y el Macrismo (2015-2019), sosteniendo que es imprescindible controlar el excedente generado, justamente para evitar lo expuesto anteriormente. Por este motivo se ha redireccionado el crédito que durante el gobierno de Macri fue hacia las grandes compañías concentradas y los grupos económicos, para ahora privilegiar a las Pymes, que constituyen una red productiva erigida como el modelo que tenderá a una sociedad más integrada y justa. Este cambio de orientación del crédito permite asistir e impulsar a las principales generadoras de actividad y empleo del país, con su concomitante aporte al producto.

Como vemos, se precisa de una organización de la sociedad que mediante instrumentos legales a través del Estado consiga reducir dicho saqueo, para así contribuir a mejorar la distribución del ingreso y el cuidado de las finanzas producidas por el conjunto de los que trabajan y que pertenecen a toda la sociedad argentina, no solo a las corporaciones. Una novedad al respecto es que nuestra Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en conjunto con otros treinta países, está negociando/acordando con los Servicios de Ingresos Internos de Estados Unidos de Norteamérica para intercambiar la información que sea necesaria y de esta forma reducir el enorme fraude fiscal mundial. Lo que viene a cuento de esto es que las corporaciones, que son las que manejan los medios de comunicación hegemónicos, pronto intentarán instalar alguna falacia en esta cuestión pretendiendo conseguir adeptos que debiliten el poder político del gobierno. Esto es evidente puesto que pretenden seguir concentrando el ingreso y el gobierno tiene una irrenunciable vocación de aplicar mecanismos distributivos.

Parece increíble leer las noticias que muestran que el gobierno intenta acordar con los exportadores para que los alimentos que nosotros consumimos estén a un precio razonable. Pero precisamente acá está el gran problema de poder que enfrenta la sociedad argentina contra las corporaciones. Ellos quieren todo para ellos, sin importarles causar hambre, exclusión y pobreza. Frente a esto la sociedad argentina a través del Estado deberá impedirles cuanto antes estos mecanismos, con vistas a minimizar los males causados por la inequidad e injusticia imperantes en el mundo.

Auspiciosamente el Ministro de Economía, Martín Guzmán, brinda tranquilidad en cuanto a que el Presupuesto para la Administración Central del País correspondiente al 2021 será cumplido, anclando la inflación alrededor del 30%, instalando una innegociable calma cambiaria, estabilizando el nivel de tarifas tanto para evitar una causa inflacionaria como para que todos podamos acceder a servicios imprescindibles para la vida, el estudio, la comunicación y el trabajo, y sosteniendo que se procurará que los salarios y jubilaciones aumenten en valores reales, vale decir, en su poder adquisitivo, para lo cual en términos nominales habrán de aumentar algunos puntos por encima de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 29%, salarios y jubilaciones deberían subir un 33 o 34 por ciento.

Pero volviendo al eje planteado respecto al problema de la concentración económica, son imprescindibles una serie muy importante de planificaciones y acciones, como el Consejo Económico y Social, que permitirá un acuerdo estratégico hacia mediano y largo plazo entre los distintos sectores de la economía, para hilvanar una red que contenga a los diferentes actores de la sociedad y que no pueda ser alterado arbitrariamente por sectores de poder para su propio beneficio. Asimismo, medidas como Precios Cuidados, Ley de Góndolas y Plan Ahora 12 o 18, son colaborativas en cuanto a anclar la inflación, estimular el juego de pequeños productores y de la economía regional dentro de los mercados hasta ahora manejados por los oligopolios, y facilitar el consumo de los sectores de menores ingresos. Hay mucho por hacer, y es el momento.

Julián Denaro
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Economista (UBA), Columnista Económico en Televisión y Radio, Profesor en Universidades Nacionales (UBA y UNLAM), Doctorando en Ciencias Económicas en UNLAM y terminando la Licenciatura en Psicología en la UBA. Autor de seis libros.

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