Política

Pensemos en Formosa

Posiblemente en diez años cuando une estudiante quiera realizar una tesis de grado sobre la cobertura de la pandemia en las provincias por parte de los medios de alcance nacional (aunque dudo que esta categoría tenga sentido en una década) se topará con que a principios del 2021 Formosa ocupó amplios espacios en escritos, radios y canales.

Si sólo se ha de guiar por la presentación de estas noticias concluirá en el mejor de los casos, y citando ya a un medio, con que Formosa “es centro de la cobertura periodística por la violación de derechos en el combate a la pandemia”.

No se estará mintiendo, ciertamente. Los medios nos presentan esta realidad, simplificada. En Formosa hay restricción de derechos (mucho menos que en enero, pero continúan) pero a cambio presenta, incuestionablemente, los índices más exitosos del país en la lucha contra la pandemia. Mientras que, en Argentina, según datos oficiales, el 4,8% de la población se vio afectada por el COVID, en Formosa sólo el 0,2 %. En la provincia se registraron sólo 21 personas fallecidas de las más de cincuenta mil que murieron a causa de COVID en Argentina.

En otro escrito reflexionábamos sobre “el dilema Formosa” (http://www.panamarevista.com/el-dilema-formosa/), donde quedaba precisamente de manifiesto la necesidad de pensar y decidir sobre las medidas a tomar para combatir la pandemia y los costos de las mismas. Suena maniqueo plantearlo entre ‘restricciones de derechos o muertes’, pero muchas alternativas intermedias no parecen haber, sólo el naturalizar la muerte como algo que ha de suceder, como si no fuera evitable.

Sin embargo, Formosa estuvo una vez más en las pantallas y portales por la brutal represión estatal del viernes 5 de marzo pasado. Veamos el contexto.

La provincia fue una de las últimas, sino la última, en salir de la ASPO para ingresar en DiSPO, recién hacia principios de diciembre. Se reabrieron bares y clubes (con días, horarios y protocolos) y la vida quería retomar su ritmo. Pero las fiestas y la circulación intraprovincial generaron un brote de casos.

Es importante hacer un alto y comprender el tema de la cantidad de casos. Hasta el 30 de diciembre se habían diagnosticado en toda la provincia 297 casos, una sola persona había fallecido y había 32 casos activos. Números imperceptible a nivel nacional. Para el 15 de enero se habían casi triplicado los casos llegando a 869, seis personas fallecidas y 532 casos activos. Seguían siendo pocos casos a nivel nacional pero no a nivel local. Con la política de crear centros de asistencia para realizar cuarentenas, este boom de casos obligó al gobierno a reacondicionar escuelas, universidades y clubes. Se regresó a Fase 1. No es agradable -ni lo puede ser- pasar dos semanas en un aula escolar donde por más buena voluntad que el gobierno ponga, se tienen que compartir baños y duchas con el resto de les acuarentenades.

Esta política fue acusada de violatoria a los derechos humanos por obligar a las personas a tener que recurrir a estos centros de atención o asistencia y no quedarse en su casa para realizar la cuarentena. Grandes titulares, visita del Secretario de Derechos Humanos y de referentes de la oposición. Sin embargo, las medidas funcionaron para reducir número de caos y la Fase 1 se levantó, todo recobró movimiento nuevamente. El 1 de marzo el gobernador dio su discurso ante la Legislatura provincial, en la semana se anunció un aumento del 42% para les empleades estatales y las clases estaban a punto de iniciarse de modo semipresencial.

Pero una vez más, al levantarse la ASPO, comenzó a aumentar el número de casos, especialmente en la ciudad de Formosa y sin nexo epidemiológico evidente. ¿Respuesta del gobierno? El jueves 4 de marzo se decide regresar a Fase 1 para la ciudad (en la ciudad de Formosa se pasó de 27 casos el 26 de febrero a 163 el 11 de marzo).

Ese mismo día ya hay una manifestación frente a la casa de gobierno para protestar contra la medida. No eran muchas personas, pero hubo un pequeño tumulto que puso en alerta a las autoridades, nada sería pacífico.

Al día siguiente, la marcha fue muy importante para los estándares locales con una concurrencia variada en donde aparecían comerciantes que se veían afectados, padres y madres que se oponían a la modalidad virtual para la educación, trabajadores informales y, por supuesto, partidos de la oposición, desde el radicalismo al Partido Obrero. Reclamos variados que se unieron en una marcha. Un grupo, fundamentalmente jóvenes, volteó vallas, tiró piedras que sacaron de las veredas y la policía reprimió de manera brutal con gases lacrimógenos, balines de goma, palos y detenciones.

En otros lados hubiese significado la renuncia de alguna autoridad y el pase a retiro de algún oficial. Sin embargo, el gobierno se justificó en un comunicado aclarando que la violencia de los jóvenes “motivó la intervención de efectivos policiales anti motines, quienes tuvieron que recurrir a la utilización de elementos disuasivos”. Las imágenes eximen de explicar el significado de la palabra ‘disuadir’. Al mismo tiempo se expresa que se abrió un “Sumario Administrativo a los fines de determinar la responsabilidad policial por eventuales abusos”.

La represión por parte del Estado (“violencia institucional”, dijo el ministro Cafiero) no es justificable, es repudiable, y regresar al ‘ellos me provocaron’ es una manera de reactualizar la teoría de los dos demonios.

Hagamos otra parada. Es cierto que los medios se ensañan con Formosa y sacan a relucir su ‘civilización y barbarie’ como si la represión en CABA o en Provincia de Buenos Aires fuera de menor calibre que la vivida en Formosa, o como si lo ocurrido en el Luna Park no hubiese existido (ni la cantidad de personas fallecidas a causa del COVID). También es cierto que ese ensañamiento no es por una envidia a los logros formoseños o por virtudes nacionales y populares del gobierno, sino que apuntan a debilitar al gobierno nacional mostrando/creando/inventando un relato afín a sus intereses. De igual manera es cierto que la oposición se sube al mismo carro y así tenemos a la presidenta de Juntos por el Cambio haciendo su show, parándose en el control de gendarmería y saludando a cada uno de los allí presentes (asegurándose de estar siendo filmada) o dando un discurso en Clorinda vestida de presidiaria. En fin, cosas veredes…

Si bien todo esto es cierto, centrarnos en un análisis tal implica nuevamente pensar desde el centro, reflexionando sobre el rol de los medios o de la oposición. Un ejercicio importante y necesario, pero una mirada federal nos obliga a pensar también desde el no-centro, intentando comprender la realidad de Formosa (única manera de transformarla, diría alguien).

Surge, entonces, la pregunta de por qué el gobierno de Formosa recurre a este tipo de ‘elementos disuasivos’, a esta represión brutal que hasta el presidente Fernández se vio en la obligación de pedirle al gobierno provincial que baje un cambio.

La respuesta nos obligaría a realizar un análisis sociopolítico y económico de la provincia de los últimos 30 años. Imposible en poco espacio (y aunque hubiese mucho espacio, tampoco sería sencillo).

Partamos de algunos datos socio-económicos. La ciudad de Formosa forma parte de los conglomerados urbanos con mayor número de empobrecidos (42,4% de la población) según la última Encuesta Permanente de Hogares del primer semestre del 2020. Más que la media nacional (40,9%) pero menos que la del Nordeste (42,8%) y bastante menos que el Gran Buenos Aires (47,5%). En una Argentina empobrecida, Formosa no es la excepción.

Otro dato que es importante traer a colación es el del empleo público que se lo relaciona con el ‘clientelismo’ del partido gobernante (esta pancategoría de clientelismo como la de populismo o feudalismo deberíamos archivarla por un par de décadas, hasta que vuelva a cobrar significado preciso). Según los datos del INDEC, de acuerdo con el último censo del 2010, los empleados públicos representaban el 29% teniendo en cuenta todas las categorías ocupacionales y el 46% de las personas empleadas (dejando de lado cuentapropistas, trabajadores familiares y patrones).

Uniendo los dos párrafos anteriores, hay empleades estatales que viven bajo la línea de pobreza, y muches más en cuanto nos alejamos de la capital.

Sigamos con referencias políticas. Es claro que 25 años de gobierno (reelegido por un buen 70% de los votos) dan la suficiente confianza como para dejar el diálogo y las consultas a un margen y tomar decisiones consultando exclusivamente con un círculo chico. La cuestión es que las medidas tomadas para combatir a la pandemia (aunque exitosas por donde se lo mire) tienen un alto costo social que no toda la población quiere o está dispuesta a pagar. Son políticas drásticas que necesitan un amplio consenso ciudadano. Se lo tuvo por un muy largo trecho, es lo que ahora está siendo cuestionado (y el resolver de manera inconsulta no ayuda a conservar el consenso logrado).

Las manifestaciones en contra de las medidas tomadas (regreso a Fase 1) se vienen realizando día tras día. Lo bares y comercios se plantaron y abrieron sus puertas desde el mismo sábado siguiente. Hubo un intento de multar a uno de ellos pero la clientela se abroqueló en la puerta y luego no se vio más nada. Los clubes deportivos también abrieron sus puertas, y todos, bares, comercios y clubes, son frecuentados por sus tradicionales visitantes. Es más, se organizaron encuentros de música y baile en las calles y para este fin de semana está anunciado un festival de rock “Nambréna Rock” (nambréna es una expresión en guaraní que podríamos traducir por ‘macanada’ o ‘no importa’, y fue utilizada por el ministro González en uno de sus partes diarios).

¿Qué podemos esperar? Antes que nada, que se experimentará un importante aumento de casos en la siguiente semana (esperemos que no de personas fallecidas). Por otro lado, el gobierno ya inició diálogos (siempre a posteriori, desafortunadamente) con diferentes cámaras para reorganizar la Fase 1, por lo que se vislumbra que se flexibilicen las medidas (no porque el gobierno lo desee). Se espera que la campaña de vacunación se extienda lo más posible (ya se vacunó todo el personal docente de Clorinda, ciudad de Formosa y el oeste de la provincia, y las personas mayores de 60 en Clorinda, y de 85 en la ciudad de Formosa) lo que posibilitaría dejar atrás las medidas.

Al gobierno nacional también le conviene descomprimir el ‘caso Formosa’ por lo que es pensable que adopte alguna medida en particular: quizá ayuda económica, quizá mayor cantidad de vacunas.

Sin embargo, con lo que todes se hacen los rulos es con el futuro de Gildo Insfrán y su gobierno. Falta aún un par de años para ver los resultados electorales, pero dudo mucho que se vea muy afectado. Solo un dato: el gobierno viene inaugurando a razón de cinco centros educativos por mes en los últimos veinticinco años.

Lo que estamos presenciando, aunque sea muy importante, no parece más que un pequeño temblor tras lo cual se reordenará lo que se vio afectado. Formosa tiene sus problemas de índole económica (algunos de alcance nacional y otros, provincial) y política (el sistema de reelección indefinida es uno de ellos, pero no el único) pero esta situación de pandemia no ha de mover el amperímetro eleccionario. Lo más importante, en todo caso, es que ante reclamos específicos, el gobierno está experimentando que un sector de la sociedad (muchos de ellos sus votantes) puede levantarse y cuestionar las medidas.

Ignacio Telesca
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Historiador

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