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Desde el centro

El sistema acusatorio como modelo de enjuiciamiento penal es una manda constitucional. Como explicaba el gran Maier la característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de poderes durante el proceso: quien acusa (persigue), la persona imputada (se defiende) y el tribunal (decide).

Para entender este modelo les propongo que empecemos por el principio: Estados Unidos. Alejandro Carrió se remonta al punto de partida histórico político, a la concepción misma del estado norteamericano, para explicar el modelo. Las primeras poblaciones estadounidenses provenían expulsadas de Inglaterra lo que dio como resultado el cuestionamiento crítico del rol de gobierno y de la distribución del poder. Por lo tanto, se le adjudica el modelo de enjuiciamiento criminal estadounidense a la influencia de una ideología que pregonaba la autonomía individual y desconfiaba del ejercicio estatal, por proponder a los abusos.

En Estados Unidos se resuelven los conflictos mediante Jurados compuestos por personas elegidas por sorteo de una lista de habitantes de la comunidad (denominadas “legos”). Esto podría entenderse como un modelo que repele los vicios de los aparatos burocráticos, lo que también implica cierta tranquilidad mediática a quienes ejercen la función pública.

Suele afirmarse que este tipo de modelo garantiza “neutralidad” porque hay muchos mecanismos tendientes a asegurarla, tanto respecto de autoridades judiciales y fiscales como de los jurados. Un ejemplo: a la fiscalía le está vedado todo tipo de contacto con la prensa que pueda afectar el derecho de la persona imputada a un juicio justo.

Es interesante también que en Estados Unidos la figura fiscal es elegida por voto popular y, por lo tanto, responde a una organización política particular. Además, en 46 de los 50 estados norteamericanos, la autoridad fiscal es elegida a nivel local. Esto implica para ciertas personas un sinónimo de independencia al menos en términos federales, ya que no hay relación jerárquica ni de subordinación institucional, no existe una carrera burocrática que seguir, ni se le debe el nombramiento a alguna figura gobernante.

En Estados Unidos la represión penal es materia reservada a cada jurisdicción estatal: cada estado tiene su propia legislación penal y sus órganos encargados de hacerla cumplir, sin intervención ni participación del gobierno central. Nuestra Constitución argentina sigue el sistema federal.

Sin embargo, no todo es color de rosa: el modelo de enjuiciamiento por jurados tiene aspectos negativos. Uno de ellos es el derecho al recurso: el veredicto del jurado no es apelable. De todos modos, no necesariamente esto será negativo para la persona acusada, porque veredicto absolutorio (inocente o “no culpable”) tampoco estará sujeto a revisión. Otro aspecto negativo es que el veredicto del jurado no requiere de una expresión de motivos o fundamentos.

Desde la periferia

Las reformas procesales penales se han diseminado en América Latina en los últimos años. Recomiendo fuertemente un estudio de Máximo Langer llamado “Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano: Difusión de Ideas Legales desde la Periferia” en el que analizó cómo es que se produce la difusión de leyes, normas y políticas públicas en el mundo en general y en América Latina en particular. En nuestro caso, una red de personas abogadas latinoamericanas jugó un rol crucial en la ola de reformas procesales.

A este modelo él lo denomina “difusión desde la periferia” porque actores de países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas en otros países centrales.

En el siglo XIX las elites latinoamericanas rechazaron los códigos liberales porque desconfiaban de los juicios orales y públicos y de los jurados porque pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ellos. Por lo tanto, los procesos penales que adoptaron las repúblicas jóvenes siguieron el modelo inquisitivo (iglesia católica y monarquías absolutas).

En el siglo XX muchos países de América Latina reformaron sus códigos, pero la estructura procesal inquisitiva perduró (proceso escrito, poder judicial a cargo de la investigación preliminar y del juzgamiento, investigación preliminar secreta para la persona imputada, etc.).

Pero durante los últimos quince años catorce países latinoamericanos y algunos estados reemplazaron sus códigos por otros más acusatorios (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, los estados de Oaxaca y Chihuahua en México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela).

En diciembre de 2014 se aprobó en nuestro país el nuevo Código Procesal Penal de la Nación en el que se confirma el modelo acusatorio. Sin embargo, la implementación completa la tenemos pendiente. Es importante tener en cuenta que la diseminación de las reformas acusatorias en la región demuestra una adaptabilidad de estos códigos a las nuevas demandas de nuestras sociedades.

Julieta Pellegrino Ruiz
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Abogada, investigadora en Ciencia Penal.

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