Internacional

Crisis en Colombia: ¿De dónde viene la rabia?

El pueblo colombiano ha colmado las calles para romper el consenso neoliberal y ratificar el camino de la apertura democrática mediante la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. En ese contexto, la descarnada violencia estatal es la expresión de debilidad y desesperación de una élite que, en tiempos de crisis, ha defendido a ultranza sus privilegios y en consecuencia se enfrenta al mayor desprestigio popular.

¿Qué desató las protestas?

Las actuales movilizaciones son continuación del estallido popular de noviembre de 2019, que estuvieron al compás de Ecuador, Chile y luego Perú. La pandemia puso una pausa al rotundo rechazo a las políticas neoliberales del uribismo, que en el país se han implementado con una sofisticada concepción contrainsurgente articulada a un régimen democrático procedimental, pero sin participación activa de la sociedad.

La pandemia agudizó la crisis y develó el rostro inhumano del oficialismo y su modelo económico. En el peor momento de la cuarentena se vieron blandir pañuelos rojos en los hogares alertando que ahí estaban sufriendo hambre. La propuesta inmediata de los partidos de oposición y los movimientos alternativos fue implementar una Renta Básica de 1 salario mínimo (U$ 255), desoída por el gobierno que a cambio creó un Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con fondos públicos para que lo gestione la banca privada (en 2020 éste siguió siendo el sector de mayores ingresos) y concentrando subsidios a grandes empresas, descuidando a MiPyMEs.

La aparentemente ordenada macroeconomía colombiana contrasta bruscamente con la precarización del mercado interno. La informalidad laboral galopa sobre el 55%, lo que hace a esta población altamente vulnerable a la crisis, y en particular durante la pandemia, por ello en julio 2020 el nivel de desempleo había duplicado la cifra interanual alcanzando el 20%1; las personas más afectadas han sido jóvenes y en general mujeres. Otra muestra del fracaso de la gestión de Iván Duque refiere al incremento de la pobreza del 35,7 al 42,5%2, lo que significa que más de 20 millones de colombianas y colombianos no pueden siquiera comer tres veces al día.

Para enfrentar este cuadro de situación, el gobierno nacional llevó al Congreso un proyecto de ley de Reforma Tributaria3 para recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares incrementando el IVA, gravando servicios públicos y funerarios, así como ampliar la base de tributación del impuesto a la renta de personas naturales, alcanzando a quienes tienen ingresos de 2,5 salarios mínimos (U$ 600). Aunque se ha dicho que la reforma afectaba a la clase media, lo cierto es que tres décadas de flexibilización laboral, privatizaciones, apertura económica y endeudamiento desenfrenado han empobrecido a los sectores de ingresos medios, acrecentando la desigualdad. Aproximadamente el 70% de la clase trabajadora gana un salario mínimo o menos, mientras el 1% acumula una riqueza equivalente a esa población. Esas son las mayorías movilizadas en todo el país desde el pasado 28 de abril con la convocatoria a Paro Nacional que condensó este reclamo.

Gobierno débil, respuesta fuerte

La multitudinaria movilización le propinó una derrota política y simbólica al gobierno al conseguir el retiro de la Reforma Tributaria (y está a punto de ocurrir lo mismo con la de Salud), y la remoción del Ministro de Hacienda. La debilidad del gobierno y su desconexión con el sentido común popular solo han tenido como respuesta la militarización y el tratamiento de guerra a la crisis social. En el actual escenario de fragilidad del presidente, sectores de su propio partido (Centro Democrático) tratan, por una parte, de recuperar posiciones de cara al escenario electoral 2022 donde los pronósticos son desfavorables, y por otra, impostar la idea de estabilidad con la intervención del poder militar, sin interrumpir formalmente el gobierno.

A pesar de los asesinatos provocados por los abusos de la fuerza de parte del Estado y las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que han intentado sembrar terror en la población, la respuesta popular ha sido masiva, pacífica y propositiva, como lo ratificó la segunda jornada de Paro Nacional el 5 de mayo. La inocultable brutalidad con que actúa el Ejército y la Policía, ha retumbado en el mundo poniendo a Colombia en el centro de la escena, aun así, el gobierno de Duque insiste en una retórica de garantías para la protesta social que no coinciden con los 37 asesinatos, más de 32 lesiones oculares, alrededor de 800 personas heridas, 471 desapariciones, 1291 personas detenidas (gran parte de ellas han denunciado torturas y tratos inhumanos), 15 víctimas de violencia basadas en género y actos de sabotaje al sistema de conectividad de internet para impedir la difusión en tiempo real de los ataques a manifestantes. De esto se desprende la exigencia de disolver el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) en el marco de una reforma general de la Policía, responsable directo de los crímenes de Estado mencionados.

Para superar la parálisis, el gobierno debe reconocer como interlocutores al Comité Nacional de Paro compuesto por las centrales sindicales y un amplio espectro de movimientos sociales, entre cuyas demandas está implementar un plan de emergencia que garantice Renta Básica, matrícula gratuita en todos los niveles educativos, suspender la agenda de privatizaciones y el fortalecimiento de la campaña de vacunación. Aunque el descontento social ha escalado al punto de exigir la renuncia del presidente, el Ministro de Defensa y el Comisionado de Paz, los sectores de oposición coinciden en abrir una mesa de negociación sobre la base del pliego de exigencias que llevaron al pueblo a las calles.

El desafío de conducir la rabia

Al menos cuatro conclusiones podemos sacar en la actual coyuntura. En primer lugar, la movilización social sigue en ascenso como consecuencia del proceso de paz abierto en 2012, ello ha permitido que emerja con inusitado dinamismo la juventud y que los problemas estructurales tomen estado público para desplazar la desgastada consigna uribista del “narco-terrorismo” y el “castro-chavismo”. Segundo, la sociedad reclama un golpe de timón en la política económica y reordenamiento de las prioridades del Estado dirigidas a la contención social, el fortalecimiento el aparato productivo nacional y la implementación del Acuerdo de Paz. Tercero, la imagen de torpeza e impertinencia del presidente habilitó una estrategia de intervención militar en la seguridad interior que demostró la urgencia de reformar la doctrina de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como la incapacidad de sostener el neoliberalismo sin un dispositivo de coerción; el peligro de esta situación es la posibilidad de una mayor participación de las Fuerzas Militares en la toma de decisiones frente a la crisis. Por último, la oposición gana terreno para conducir la rabia con propuestas que nutran el debate público y cuya audacia en la crisis será vital para no derrumbar las expectativas de triunfo en 2022.

1https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#2020

2https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria

3http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index2.xhtml?ent=Cámara&fec=15-4-2021&num=289

Christian Arias Barona
Author Details
Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Defensa Nacional (UNDEF) y Licenciado en Ciencia Política (UBA). Investigador del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Docente de la carrera de Sociología de la UBA y del Centro de Investigación en Pensamiento Crítico (CIPEC).

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