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Juicios espectáculo, derecho y transformación

El Derecho es una herramienta de transformación. Muchas veces nos enojamos, nos mostramos como personas escépticas a sus efectos, desconfiamos de sus innovaciones, le tememos, lo desacreditamos. Pero el Derecho también es un elemento que sirve y busca servir para cambiar algo de las cosas que no nos gustan en el mundo.

Uno de estos Derechos es el derecho penal internacional. Una aclaración preliminar es que, luego de esta lectura, todavía nos costará un poco definir bien qué es, qué defiende, a quiénes representa. Se han escrito muchas líneas tratando de elucidarlo. Acá hablaremos de él una vez más, tratando de hacer un aporte que permita acercarnos un poco más al Derecho y acercar al Derecho un poco más a la gente.

Más allá de cuestiones técnicas, podríamos hablar acá de dos tipos de derecho: por un lado, el derecho penal internacional (DPI) y por el otro el derecho internacional humanitario (DIH). El DIH se vincula al derecho de los conflictos armados, mientras que el DPI busca, de algún modo, responsabilizar individualmente a personas que hayan cometido los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Tenemos una cierta variedad de tribunales internacionales: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Luego, tenemos a la Corte Penal Internacional (CPI, ubicada en La Haya) que se rige por el Estatuto de Roma y es independiente de la ONU. También tenemos los llamados tribunales “ad hoc” que creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: entre otros, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR). Por último, podemos mencionar al Tribunal Militar de Núremberg y al Tribunal de Tokio.

Se adjudican diversos argumentos justificantes de la aplicación del DPI: ponerle fin a la impunidad, asegurar la paz (aunque ningún instrumento internacional prohíbe la guerra), buscar la reconciliación y construir un registro histórico.

Un hito importante del DPI fue el juicio a Milosevic, procesado por el TPIY en 1999 por crímenes de lesa humanidad bajo su mando en Kosovo. Otro, sin dudas, fueron los juicios de Núremberg. Sin embargo, algunas autoras y autores hablan de que estos juicios no fueron percibidos como “justos” o “legítimos”.

Respecto de Núremberg, por ejemplo, se dice que gran parte de la sociedad alemana no tuvo buena percepción de los juicios (hablan de un 10% de aprobación), ya que existe aún esa concepción de aplicación de justicia de los vencedores.

Sin embargo, otras personas autoras sostienen un argumento distinto, de índole institucional, para explicarlos: los cuatro estados aliados que establecieron el Tribunal de Núremberg habían asumido la autoridad suprema sobre Alemania, es decir, el control sobre los tres poderes del estado. Como indica la Declaración de Berlín del 5 de junio de 1945: “Los gobiernos de los Estados Unidos de América, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del Reino Unido, y el Gobierno provisional de la República Francesa asumen por la presente autoridad suprema sobre Alemania, incluyendo todos los poderes pertenecientes al gobierno alemán, al Alto Mando, y cualquier gobierno o autoridad estatal, municipal, o local”.

Entonces, bajo esta interpretación, los juicios del Tribunal de Núremberg constituyeron el ejercicio de la competencia nacional por parte de quien ejercía efectivamente la soberanía alemana: los Aliados.

Por otro lado, respecto del Tribunal de Tokio, el gobierno japonés accedió en su Acta de Rendición al enjuiciamiento de los nacionales japoneses ante el Tribunal. El Acta de Rendición sostiene que el gobierno japonés aceptó los términos de la Declaración de Potsdam y accedió a “cumplir todos los requerimientos que sean impuestos por el Comandante Supremo de las Potencias Aliadas (MacArthur) o por las agencias del Gobierno japonés bajo su mando”.

La Declaración de Potsdam dispone a su vez que “se someterá a una justicia severa a todos los criminales de guerra». También afirma que serán puestos en práctica los artículos de la Declaración de El Cairo: “Los Aliados llevan a cabo esta guerra para repeler y castigar las agresiones del Japón”.

Consecuentemente, autoras y autores hablan de una suerte de “consentimiento” por parte de ambos países para el ejercicio de jurisdicción de los tribunales. Quizás para algunas personas sea obvio que este consentimiento no era ajeno a la “coerción” es decir, podría entenderse viciado. Sin embargo, en palabras de Kelsen: “La persecución penal de los alemanes por actos ilegales de su Estado podría haber estado basada en el Derecho interno sancionado a esos efectos por las autoridades competentes. Estas autoridades eran las cuatro potencias ocupantes ejerciendo la soberanía conjunta en condominio sobre el territorio y la población subyugados de Alemania, mediante el Consejo de Control como el sucesor legítimo del último Gobierno alemán”.

Entonces, a los fines de definir las bases jurisdiccionales de estos dos tribunales, puede admitirse que éstos se fundamentaron en el consentimiento de los estados de nacionalidad de las personas acusadas.

Otro caso importante fue el juicio a Eichmann. Hannah Arendt analizó que este juicio persiguió fines históricos, políticos y educativos. Ella entendió que este juicio formaba parte de un “show trial”, montado por el primer ministro David Ben-Gurión para apoyar objetivos políticos que nada tenían que ver con los juicios penales, es decir, con juicios que determinen la inocencia o la culpabilidad de personajes sospechados de haber cometido los peores crímenes contra la humanidad. Hay autoras y autores que enmarcan al juicio a Milosevic en este supuesto de “juicio espectáculo” o “show trial”.

Sin embargo, podemos asignarle a este tipo de juicios un claro valor comunicacional: los juicios funcionaron como medios para acercarnos a establecer algo de verdad y comunicar algo de lo que sucedió históricamente, independientemente de quién use y cómo se use esa verdad.

Por otro lado, tenemos a las víctimas. Entonces, nos volvemos a preguntar respecto de la utilidad o no del castigo a los culpables: si el castigo es sólo castigo, o si éste va de la mano de una expectativa de reconocimiento, de reparación histórica y de reafirmación de los valores intrínsecos de una comunidad a través del reconocimiento de la verdad.

Hay autoras y autores que expresan que entre los hechos más vergonzosos de los juicios de Núremberg se encuentra el hecho de que se haya dado lugar, parcialmente, al deseo de Rusia de evitar referencias al pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto fue un tratado de no agresión firmado por los ministros de asuntos exteriores de Alemania y de la URSS en 1939.

Recuerdo aquel fragmento de “El hombre que amaba los perros”: “La consumación de un tratado que dejaba a Hitler las manos libres para lanzarse sobre Occidente resultaba incomprensible para las mentes de buena y hasta de mala voluntad que, a pesar del terror y los procesos criminales, habían defendido a Stalin como el Gran Conductor de la clase obrera. Por eso el exiliado -Trotski- se atrevió a predecir que por los siglos aquella fecha iba a ser recordada como una de las más extraordinarias traiciones a la fe y a la credulidad del hombre”.

Uno de los territorios “repartidos” a partir del pacto Ribbentrop-Molotov fue el territorio de Polonia y existe una historia muy interesante redactada en un libro de Philippe Sands, respecto de la ciudad natal de su abuelo, actualmente ucraniana, llamada Lviv (Leópolis): “En el siglo XIX se la conoció en general como Lemberg, y se hallaba localizada en las inmediaciones de la frontera oriental del imperio austrohúngaro. Poco después de la Primera Guerra Mundial pasó a formar parte de la recién independizada Polonia, con el nombre de Lwów, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ocupada por los soviéticos, que la conocían como Lvov. En julio de 1941 los alemanes conquistaron repentinamente la ciudad y la convirtieron en la capital del Distrikt Galizien del Gobierno General, pasando a denominarla de nuevo Lemberg. Cuando el Ejército Rojo venció a los nazis en el verano de 1944, la población pasó a formar parte de Ucrania y a llamarse Lviv, el nombre que en general se utiliza actualmente.” (Fragmento de: Philippe Sands. “Calle Este-Oeste”).

Esta historia está signada por el derecho. Aparece en ella Hans Frank, el abogado personal de Hitler y su representante personal en la Polonia ocupada por los alemanes. Frank fue enjuiciado en los juicios de Núremberg en la famosa “sala de justicia número 600”.

El autor, Sands, es un abogado cuyo abuelo era nacido en Lviv y fue invitado a la ciudad para dar una conferencia sobre parte de su trabajo: participó de las negociaciones que llevaron a la creación de la CPI, trabajó sobre el caso Pinochet en Londres y sobre los casos de Yugoslavia y Rwanda, Congo, Libia, Afganistán, Chechenia, Irán, Siria y el Líbano, Sierra Leona, Guantánamo e Irak.

Allí, se enteró que en la universidad Lviv habían estudiado Hersch Lauterpacht (abogado) y Rafael Lemkin (fiscal y abogado), ambos partícipes del juicio a Hans Frank. Lauterpacht fue el creador del término “crímenes contra la humanidad” en el Estatuto de Núremberg para definir la matanza de cuatro millones de personas judías y polacas en el territorio de Polonia. Durante el proceso del juicio se enteró que Frank era el responsable de la muerte de gran parte de su familia.

Lemkin “encontró una pauta de comportamiento a la que dio un nombre a fin de describir el delito del que se podía acusar a Frank. Lo llamó ‘genocidio’. A diferencia de Lauterpacht, que se centraba en los crímenes contra la humanidad, un concepto que apuntaba a la protección de los individuos, a él le preocupaba más la protección de los grupos”.

Describe el autor: “Las calles de Lviv son un microcosmos del turbulento siglo XX europeo, foco de sangrientos conflictos que desgarraron culturas. He llegado a apreciar los mapas de aquellos años, con calles cuyos nombres cambiaban con frecuencia, aunque no el curso que seguían. Un banco de parque, una magnífica reliquia modernista del período austrohúngaro, se convirtió en un lugar que llegué a conocer bien. Desde allí podía ver pasar el mundo; una excelente atalaya sobre la cambiante historia de la ciudad.

En 1914 el banco estaba en el Stadtpark, el parque municipal. Se hallaba frente al magnífico Landtagsgebäude, el Parlamento de Galitzia, la provincia más oriental del imperio austrohúngaro. Una década después el banco no se había movido de sitio, pero estaba en otro país, concretamente en Polonia, en el parque Kościuszki. El Parlamento había desaparecido, pero no el edificio que lo albergaba, ahora sede de la Universidad Jan Kazimierz. En el verano de 1941, cuando el Gobierno General de Hans Frank asumió el control de la ciudad, el banco se germanizó, pasando a formar parte del Jesuitengarten y situado ahora frente a un antiguo edificio universitario despojado de su identidad polaca […]. Seis décadas después, cuando llegué a aquel banco en el que un siglo antes pudo haberse sentado mi abuelo, me encontré en el parque de Iván Franko, así llamado en honor a un poeta ucraniano que escribió novelas policíacas y que ahora también honraba con su nombre el edificio de la universidad”.

Podemos concluir, después de información tan diversa, en que no está resuelta la inquietud respecto de si el DPI, si el DIH, o si la jurisdicción universal, de alguna manera contribuyen o no en la lucha contra la impunidad.

Me parece importante para acercarnos a una solución, hablar del caso de la querella argentina en España. Alejandro Chehtman explica que en 2010 un grupo de familiares de víctimas patrocinadas por organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia penal ante la justicia argentina por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en España por fuerzas vinculadas al franquismo entre 1936 y 1977.

Esta búsqueda de justicia internacional sin dudas quiere encontrar algo de reparación. Es innegable el hecho de que España, a diferencia de nuestro país, tiene mucho camino por recorrer para crear un registro histórico, correr el velo de angustia en el que se ha envuelto a esa sociedad producto del silencio sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas franquistas. Acá, en Argentina, bien sabemos que, sin memoria, sin verdad y sin justicia, las heridas no cierran.

Chehtman explica que, a pesar del tiempo transcurrido y de haberse realizado algunos avances, la investigación de la justicia argentina no ha logrado llevar a ninguno de los imputados a juicio debido a la falta de cooperación del Estado español. Es decir, hay una falta de decisión política clara (ley de amnistía, por ejemplo) y por supuesto, dañosa.

Para el autor, el bajo éxito del ejercicio de la jurisdicción universal también refleja un claro sesgo imperialista, en virtud de su configuración Norte-Sur. Sin embargo, es en parte optimista: porque un caso no haya resultado en una sentencia no debe inferirse que el ejercicio de jurisdicción universal carece por completo de valor.

Las cuestiones mencionadas anteriormente, relativas a la reparación histórica y a la búsqueda de la verdad dieron surgimiento al DPI y esto tienen un valor simbólico, cultural y social innegable.

El derecho, además de la cooperación política entre estados, se constituye como la herramienta fundamental para acercarse a la verdad, para luchar contra la impunidad, para reparar de algún modo los daños producidos por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a lo largo y a lo ancho del universo y también para comunicar.

El valor comunicacional no debe verse como algo nimio o sin importancia. El valor comunicacional de todos estos procesos brinda un marco de contención que muchas sociedades no solo necesitan, sino que también reclaman. Falta mucho camino por recorrer y muchas estructuras de poder por modificar. Sin embargo, como dije al principio, el derecho es el camino correcto porque es sin dudas una herramienta de transformación.

Julieta Pellegrino Ruiz
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Abogada, investigadora en Ciencia Penal.

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