HistoriaPolítica

Breves apuntes sobre la cuestión Malvinas

INTRODUCCIÓN

Cada 10 de junio se conmemora el día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y sector antártico (Ley 20.561, sancionada y promulgada en noviembre de 1973). En dicha fecha, hace 192 años, el Gobierno de Buenos Aires, al mando de Martín Rodríguez, decretaba la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas con sede en Puerto Soledad. Un decreto inmediatamente posterior nombró a Luis Vernet, comerciante originario de Hamburgo, como su Comandante, quien, a los pocos días, zarpó a bordo del bergantín Betsy con una veintena de colonos y sus familias, 4 cañones, 50 fusiles y algunas armas para cumplir con su mandato (Caillet Bois, 1982; Kohen y Rodríguez, 2015).

Algunos periódicos de la época manifestaban, de forma elocuente, el lugar que ocupaban las Islas en las consideraciones de los hombres y mujeres de aquellos años revolucionarios. Por ejemplo, La Gazeta Mercantil, siete días después de la sanción del decreto, celebraba las medidas dispuestas sobre “aquella porción considerable de territorio de la República, cuya soberanía heredamos al sacudir el yugo de la metrópoli”. El Pampero, el 19 de junio, también elogiaba la decisión del gobierno y reconocía a “ese puerto como de los más importantes de América y que indudablemente nos pertenece”. Es curioso que, incluso en los albores de un país naciente al que le faltarían décadas de disputas internas para alcanzar un orden estable, prevaleciera ya la profunda convicción sobre el dominio argentino de esas tierras (Levene, 1950).

En los considerandos del decreto de junio de 1829 se expresaron nítidamente los fundamentos en los que se apoyaba la soberanía nacional sobre las Islas, y que desde entonces se mantendrían incólumes (Kohen y Rodríguez, 2015). Son dos.

En primer lugar, se afirmaba el principio Uti Possidetis Jure, según el cual las Provincias Unidas del Sur heredaban los derechos soberanos sobre las posesiones territoriales de la antigua metrópoli tras la emancipación.

En segundo término, se encuentran evocados los principios de “primer ocupante” y de “ocupación efectiva” por parte de España. Ambas nociones, imperantes en el Derecho Internacional de la época, aseguraron la soberanía territorial de España sin que existieran objeciones de otras potencias (Podestá Costa y Ruda, 1985).

LOS ORÍGENES DE LA CUESTIÓN MALVINAS

El descubrimiento del archipiélago es atribuido a navegantes españoles; más precisamente, pareciera corresponder a Esteban Gómez, piloto de la nave San Antonio, quien fuera parte de la expedición de Fernando Magallanes. Así lo atestiguan diversos mapas y planisferios de entre los años 1522 y 1590. En tanto, la primera ocupación efectiva corresponde al navegante francés Luis Antonio de Bougainville, quien, tras partir desde el actual territorio de Canadá a bordo de la fragata L`Aigle, llegó a las Islas para fundar, en 1764, Port Louis. España se consideró agraviada, y, en virtud del Tratado de Tordesillas (1494) y su ratificación, la bula papal Ea Quae Pro Bono Pacis (1506), formuló un reclamo a París. Finalmente, se acordó la entrega del establecimiento a España y el 2 de abril de 1767 se instalaron autoridades españolas dependientes de la Gobernación de Buenos Aires. Port Louis fue renombrado como Puerto de la Anunciación, y más tarde, como Puerto Soledad. Con todo, España heredó los derechos de primer ocupante de parte de Francia. Estos sucesos despertaron el interés británico. En 1765, la Corona envió una expedición al mando del Comodoro Byron, que concluyó con la fundación simbólica Puerto Egmont. Al año siguiente, otro contingente bajo las órdenes del capitán Mc Bride tomó posesión del establecimiento recientemente creado. La ocupación se llevó adelante bajo la protesta española. Al cabo de ocho años el asentamiento fue abandonado. Así, la presencia británica entre 1766 y 1774 tuvo características eminentemente negativas: fue ilegal (rechazada por España), fue parcial (se circunscribió a Puerto Egmont) y fue precaria (las instalaciones fueron dejadas tras un breve lapso). Así, España ejerció, en lo sucesivo, derechos soberanos sobre las Islas sin objeciones de las restantes potencias.

A partir de 1810, con el inicio del proceso independentista, la nueva nación hereda los dominios de la metrópoli ibérica por derechos de sucesión. No obstante, nuestros primeros gobiernos patrios no pudieron ejercer control efectivo sobre la zonas australes. En 1820, el Gobierno de Buenos Aires encomendó a David Jewett, comandante de la fragata Heroína, la toma de posesión de las islas “en nombre del país a que éstas pertenecen por ley natural” (citado en Caillet Bois, 1982: 181). El marino norteamericano al servicio del país cumplió su misión. Desde entonces, se realizaron múltiples manifestaciones de soberanía, tales como la entrega de tierras y de concesiones de pesca.

En 1829, tras ser designado Comandante Político y Militar de las Islas, Vernet recibió el mandato de limitar la pesca ilegal en las adyacencias de la Isla, principalmente de lobos marinos, focas y ballenas. Se establecieron, de esta manera, diversas normas que reafirmaron la soberanía argentina sobre esas aguas. Bajo el imperio de estos reglamentos, las autoridades de las Islas habían detenido a tres goletas norteamericanas, que desconocían la jurisdicción de las autoridades criollas y las desafiaron abiertamente. El cónsul estadounidense en Buenos Aires no solo desconoció el derecho argentino a reglamentar la pesca en el Atlántico, sino que solicitó la devolución de las naves incautadas y el enjuiciamiento de Vernet. Simultáneamente, como represalia, en 1831, la corbeta estadounidense Lexington atacó Puerto Soledad, destruyó los establecimientos argentinos y proclamó a las islas “libres de todo gobierno”.

Esto suscitó, en Londres, el temor de que Estados Unidos pudiera apoderase de la Isla. Inglaterra ya había expresado que las nuevas autoridades argentinas sobre las islas eran incompatibles con los derechos de Su Majestad Británica. El reclamo se inscribía en la nueva política colonizadora tras la ocupación de Australia e islas del Pacífico meridional. Malvinas era un punto estratégico para el reabastecimiento a mitad de camino entre Londres y las posesiones en Oceanía. Además, la nueva orientación diplomática imprimida por el entonces Secretario de Asuntos Exteriores, Lord Palmerston, afirmaba el derecho británico a intervenir en cualquier punto del globo en donde hubieran implicados intereses comerciales de la Corona. En 1833, dos años después del ataque norteamericano, la corbeta inglesa Clío, al mando del capitán John James Onslow, ocupó el archipiélago (Caillet Bois, 1982; Podestá Costa y Ruda, 1985).

LA CUESTIÓN MALVINAS DURANTE EL SIGLO XX

Desde entonces, Argentina no ha dejado de reclamar su soberanía. Los acontecimientos adquirieron un renovado impulso hacia mediados de siglo XX en el marco de los procesos de descolonización, y las nuevas ideas de liberación que anidaron, primero, en la Sociedad de Naciones y luego, en la Organización de Naciones Unidas. Probablemente, el hito más relevante haya sido la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, impulsada por países de África y Asia, que proclamó el fin del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones.

Argentina consolidó una notable continuidad no solo en los argumentos esgrimidos (expresados en el célebre Alegato Ruda, en 1964), sino también en la apelación a la ONU y los principios fundamentales del derecho internacional. Esa estrategia permitió alcanzar logros significativos, como la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La histórica resolución reconoció una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, definiéndola como una situación colonial e instando a las partes a resolverla de forma pacífica. Al año siguiente, se reunieron en Buenos Aires el canciller argentino, Miguel Zavala Ortiz, y el secretario de relaciones exteriores británico, Michael Stewart, y firmaron un comunicado en el que coincidían en la necesidad de iniciar cuanto antes las negociaciones para alcanzar una solución pacífica que ponga fin a la controversia. A partir de allí, se alcanzaron algunos acuerdos auspiciosos, pero menores, como la construcción de un aeropuerto en Puerto Argentino, la construcción de estaciones de servicios, el envío de maestros de escuela, la recepción de estudiantes, etc. Sin embargo, la evolución de las negociaciones no tuvo la velocidad esperada. La Asamblea de Naciones Unidas, a través de las resoluciones 3160 (1973) y 31/49 (1976), reconoció los esfuerzos argentinos para facilitar la descolonización y llamó a las partes a acelerar las tratativas.

El conflicto bélico de 1982 fue un punto de inflexión en la Cuestión Malvinas. Si bien Naciones Unidas determinó mediante la resolución 37/9 que el conflicto bélico no modificaba la esencia de la disputa por la soberanía entre ambos países, Reino Unido no volvió a participar de ninguna instancia de negociación por las Islas y abundó en decisiones unilaterales.

Con el retorno de la Democracia, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín logró consolidar en la comunidad internacional la continuidad de la controversia a meses de la finalización de la guerra. Argentina retomó los ejes discursivos clásicos que componen el núcleo argumentativo en los fueros internacionales: 1) la disputa de soberanía constituye un legado colonial; 2) se trata de una controversia entre Argentina y el Reino Unido (excluyendo a quienes habitan las islas como una potencial tercera parte en la negociación); 3) resulta imposible aplicar el criterio de autodeterminación de los Pueblos (este principio ampara a aquellos pueblos que fueron sometidos por una fuerza colonial, y fue concebido como herramienta para poner fin al colonialismo, y no para perpetuarlo); y 4) la diplomacia es la vía para la solución de la controversia. Ciertamente, han existido, entre los gobiernos, diferencias en la intensidad del reclamo y en las posiciones político-ideológicas respecto a las relaciones bilaterales con Reino Unido. A modo de ejemplo, el amplio rango de abordajes fue desde las políticas de seducción de Carlos Menem hasta la estrategia de endurecimiento de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que apuntaron a frenar la explotación de recursos renovables y no renovables en la zona en litigio.

La coherencia de la posición argentina contrasta con los vaivenes de la argumentación británica. A lo largo del conflicto, Reino Unido ha sostenido argumentos diversos: el supuesto descubrimiento de las Islas, la supuesta ocupación efectiva de las Islas a partir de 1766, el -mal aplicado- principio de autodeterminación de los Pueblos. Incluso, han aducido una supuesta renuncia argentina en el Tratado Arana-Southern (1849). Las contradicciones se extienden al tratamiento de otras controversias internacionales. Por ejemplo, mientras que con relación a Malvinas intenta aplicar el principio de autodeterminación de los Pueblos, en Chagos deniega ese derecho a sus habitantes originales.

ESCENARIOS FUTUROS

En buena medida, la apuesta argentina por la diplomacia y el derecho internacional está determinada por los principios de la real-politik. La carencia de poderío político, militar y económico limita el espectro de acciones y pone al descubierto un obstáculo fáctico: la dispar correlación de fuerzas entre los países ordena la disputa por la soberanía de las Islas. Sin embargo, estamos en un mundo que atraviesa profundos cambios. Día a día, aquellos acuerdos o situaciones que parecían inamovibles se trastocan, caen, y se transforman. La dinámica cambiante de los sucesos internacionales puede ofrecer nuevas alternativas o abrir ventanas de oportunidad que reposicionen la Cuestión Malvinas favorablemente. Un ejemplo cabal de esto es el acuerdo comercial alcanzado por el Reino Unido y la Unión Europea tras el BREXIT. Las nuevas reglas de juego acordadas con el bloque regional dejaron afuera a los territorios británicos de ultramar, entre ellos, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. De esta manera, el archipiélago perdería los beneficios comerciales, impositivos y aduaneros en el intercambio con los países del bloque comunitario, abriendo la puerta a una serie de eventos todavía no previstos.

Ante estas circunstancias tenemos el desafío de desarrollar una política exterior de manera paciente, sistemática y sostenida, que permita construir y fortalecer consensos internacionales favorables a la posición Argentina, con la clara decisión de aumentar la presión política y moral sobre Reino Unido, a la espera de un cambio de condiciones internacionales favorables.

Agustín Hoya
Author Details
Agustín Hoya*. Sociólogo (UBA), maestrando en Administración Pública (UBA). Es miembro del Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Actualmente se desempeña como asesor legislativo en el Senado de la Nación. Es integrante del grupo Ideas por el Desarrollo (IxD)

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